El pleno de Xàbia dio ayer por suspendido el catastrazo. El alcalde convocó con apenas unas horas de antelación una sesión urgente. En el pleno, todos los grupos votaron a favor de «la suspensión automática» de la nueva ponencia, que supone un incremento medio de los valores del 500% y llega incluso en algunos casos al 2.900%. El catastrazo ha desatado además una gran oposición ciudadana en Xàbia. En noviembre más de 9.000 personas salieron a la calle para pedir su anulación y denunciar la «desmesurada» subida de impuestos que supone.


En realidad al ayuntamiento no le corresponde derogar los nuevos valores, pero en la moción que presentó el alcalde, Eduardo Monfort, se esgrimía el argumento legal del silencio administrativo y se daba por hecho que, al no contestar el Ministerio de Economía y Hacienda al recurso en el que el consistorio pedía que se anulase la ponencia, la revisión de valores queda paralizada y no se aplicará en 2006.


El propio alcalde resumió el significado del acuerdo del pleno: «La Dirección General del Catastro no ha contestado en el plazo de 30 días a nuestro recurso y por tanto se entiende que por silencio administrativo la ponencia está suspendida».
Monfort explicó que al mediodía de ayer recibió una llamada del catedrático de Derecho Fiscal y Tributario Juan Martín Queralt, contratado por el ayuntamiento para evitar el catastrazo. Este experto le recomendó que reuniera ayer mismo el pleno y tomara antes de acabar el año el acuerdo firme de dar por suspendida la ponencia de valores. El alcalde así lo hizo y convocó de urgencia a los concejales. Varios de ellos tuvieron que retrasar viajes que ya tenían programados.
Al pleno acudió bastante público. Cuando el alcalde levantó la sesión y los vecinos supieron que en 2006 no sufrirán las consecuencias fiscales de un catastrazo al que se han opuesto frontalmente, se produjo un fuerte y unánime aplauso en la sala.
Incluso el ex alcalde, Juan Moragues, del PP, reconoció que el acuerdo de ayer y la urgencia del pleno estaban más que motivados y que urgía quitarse el peso de encima de una polémica ponencia que, finalmente, el próximo año no entrará en vigor.