Vísteme despacio que tengo prisa. El nuevo equipo de gobierno de Xàbia (Bloc-Centristes, PSPV y el independiente Enrique Bas) se afanó en contratar la asistencia técnica para redactar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y ahora lo más probable es que tenga que hacer borrón y cuenta nueva.
Un prestigioso gabinete de abogados, en representación de una mercantil de Madrid, ha impugnado la adjudicación por algo más de un millón de euros de la asistencia técnica a la empresa Idom. El recurso tiene muchos visos de salir adelante, puesto que el ayuntamiento eludió el obligado trámite de publicar la convocatoria del concurso en el Diario Oficial de la Comunidad Europea. No obstante, el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, apuntó ayer que la asesoría jurídica del ayuntamiento debe todavía estudiar la impugnación.
En cualquier caso, si el gobierno local, como parece, se ve abocado a dejar sin efecto la adjudicación y convocar de nuevo el concurso, tampoco se va a producir un cisma en la situación urbanística de Xàbia. La impugnación no afecta para nada a la suspensión de licencias aprobada por el pleno el pasado 22 de diciembre para iniciar la revisión del PGOU.
Monfort indicó que como mínimo la nueva adjudicación de la asistencia técnica se demorará 56 días, que es el plazo reglamentario para publicar la convocatoria en el Diario Oficial de la CE. La suspensión de licencias da suficiente margen, pues su vigencia es de un año prorrogable a dos.
El concejal de Urbanismo, Rafa Bas, manifestó ayer que este retraso en los trabajos de redacción del nuevo Plan General «no perjudica demasiado ni trastoca los planes del equipo de gobierno».
Tanto el alcalde como Rafa Bas incidieron en que la empresa que ha impugnado la adjudicación de la asistencia técnica está «en su legítimo derecho». Esta mercantil, cuyo nombre no ha trascendido, no concurrió al concurso convocado por el ayuntamiento. La licitación superaba el millón de euros y de ahí que fuera preceptiva su publicación en el Diario Oficial de la Comunidad Europea.
La empresa Idom, que resultó adjudicataria, valoró los trabajos de asistencia técnica en 1.057.000 euros; esta cantidad supuso una baja de 300.000 euros respecto al precio inicial fijado por el consistorio.