El 22 de diciembre del año pasado, el alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, anunciaba la suspensión de licencias en más de seis millones de metros cuadrados para evitar el desarrollo desmesurado y cerrar la puerta, definitivamente, a los macroproyectos del golf y del Saladar. Un paso previo y necesario para acometer la revisión del PGOU. En cambio, según el PP, el alcalde modificó las zonas de suspensión días después, el 30 de diciembre y, en el último pleno, el equipo de gobierno aprobó seis unidades de ejecución entre las que se encuentra un PAI en Roig Roquetes. Este paraje fue protegido en la suspensión de licencias antes de las fiestas navideñas pero un día antes de acabar el año 2005 «el alcalde decidió sacarlo del expediente». «Aquí algo huele mal», afirmó ayer el portavoz de la ejecutiva del PP local, José Marcos Pons.


Pero los populares han ido más allá. Pons invitó a los periodistas presentes en la rueda de prensa a investigar si hay alguna localidad en España en la que su alcalde y el edil de Urbanismo «tengan un bufete de abogados abierto al público en el mismo término municipal».