El alcalde muestra su rechazo a que los municipios que reciban el agua la usen para regar campos de golf o para permitir más urbanizaciones

El alcalde de Xàbia, Eduardo Monfort, tiene claro que en cuestiones de agua debe primar la solidaridad. Monfort es partidario de negociar con el Ministerio de Medio Ambiente y la sociedad estatal Acuamed la posible ampliación de la planta desalinizadora de Xàbia. Esta instalación podría suministrar así agua potable a otros municipios de la Marina Alta que ahora tienen déficits.


La solidaridad no se discute, pero el alcalde advierte de que hay premisas básicas para el ayuntamiento. Una es que, sea cual sea el acuerdo con el ministerio, el consistorio debe mantener el control de la desalinizadora. «Debemos partir de la premisa básica de que la planta se ha construido única y exclusivamente gracias al esfuerzo de los ciudadanos de este pueblo», expuso ayer Monfort.
Y otra condición es que la ampliación de la desaladora no debe servir para que los pueblos que reciban el agua tengan vía libre para seguir aprobando más y más urbanizaciones.
El alcalde insistió ayer en que Xàbia debe ser solidaria con los municipios de alrededor (en principio, el ministerio preveía que la ampliación de esta desalinizadora sirviera para cubrir los déficits de agua de Gata, Benitatxell, Teulada-Moraira, Benissa e incluso Calp). También recordó que la nueva ley urbanística valenciana, la LUV, exige a los ayuntamientos que acrediten tener agua suficiente a la hora de autorizar la construcción de nuevas urbanizaciones.
Xàbia, con una desalinizadora que ya ahora, sin ampliación, puede producir al día 26.000 metros cúbicos de agua potable, no tiene problemas para cumplir la LUV. Además, el nuevo Plan General (ahora está vigente una suspensión de licencias previa a la redacción del nuevo PGOU) fijará un crecimiento sostenible y ordenado.
Pero claro lo que sería contradictorio es que Xàbia frene la construcción y otros municipios vecinos, al tener la posibilidad de recibir caudales de la desalinizadora, pudieran dar vía libre a construir más y aprobar nuevas urbanizaciones. Monfort indicó que la ampliación de la planta debe garantizar el agua para consumo humano y cubrir los déficits que ahora puedan sufrir otros pueblos. «Estos recursos deben destinarse a beber, pero no a regar campos de golf ni construir nuevas urbanizaciones y más apartamentos», aclaró el alcalde.
Por tanto, mientras en Dénia el Ministerio de Medio Ambiente tiene vía libre para construir la desalinizadora, la ampliación de la planta de Xàbia, que es de propiedad municipal y funciona desde 2001, está más en el aire o, al menos, sujeta a una serie de condiciones. El nuevo equipo de gobierno xabienc (Bloc-Centristes, PSPV y GIX), y así lo indicó ayer el alcalde, tiene previsto reunirse en los próximos días con el ministerio y con los responsables de la sociedad estatal Acuamed. «Estamos abiertos a hablar y negociar», recalcó Monfort, pero insistió en que nadie debe olvidar que la desalinizadora es propiedad del ayuntamiento, se ha construido gracias al esfuerzo de los vecinos y «cualquier acuerdo debe tener el apoyo de los ciudadanos de Xàbia, que están representados por los 21 concejales de la corporación».
Monfort precisó que su opinión respecto a la desalinizadora no ha variado ni un ápice de cuando estaba en la oposición. Eduardo Monfort es alcalde desde el pasado 22 de noviembre, cuando una moción de censura presentada por Bloc-Centristes, PSPV y el edil del GIX Enrique Bas, apartó a Juan Moragues, del PP, de la alcaldía. El ahora primer edil cuando estaba en la oposición ya manifestó que era partidario de que el ayuntamiento mantuviera el control de la desalinizadora. «Esta es mi postura y creo que también la del ayuntamiento. Pero después de escuchar al ministerio y a Acuamed, la corporación ya tomará una decisión».
Así pues, el alcalde de Xàbia, ante las próximas negociaciones con el ministerio y Acuamed, ya pone las cartas sobre la mesa. Para el ayuntamiento es básico que se reconozca el riesgo que hace un lustro supuso lanzarse a la construcción de la desalinizadora. Poner en marcha la planta costó 24 millones de euros y las subvenciones están todavía por llegar.