La empresa le critica al alcalde su «arbitrariedad» y le acusa de fijarse en quién es el propietario para decidir qué terrenos se incluyen o no en la paralización de permisos



La promotora que ha presentado un recurso de reposición en el que le exige al Ayuntamiento de Xàbia que anule la actual suspensión de licencias, está dispuesta a llegar incluso más lejos. Proyectos e Inversiones Arena, S.L., acusó ayer al alcalde, Eduardo Monfort, de «arbitrariedad y ausencia de criterios urbanísticos» en la paralización de permisos de obra. Esta mercantil lanzó, además, el órdago de que «se propone investigar los intereses que pudieran existir, directos o profesionales, de los concejales en la suspensión, así como sus propiedades en el municipio, afectadas o no por estos acuerdos».


En un comunicado emitido ayer, la mercantil, que con la paralización de licencias ha visto rechazado un programa urbanístico que tenía presentado en Capsades, analizó ayer las declaraciones en las que Monfort afirmaba que no había habido «animadversión» contra nadie en esta medida. El alcalde dijo que prueba de ello es que su equipo de gobierno (Bloc-Centristes, PSPV y GIX) si había dado luz verde a un programa urbanístico en el que el anterior alcalde, Juan Moragues, del PP, es propietario.
La empresa dijo que estas declaraciones son «un alarde de manipulación» y muestran «la arbitrariedad» del actual alcalde. El programa urbanístico en el que tiene terrenos Moragues se ha dejado fuera de la suspensión de licencias «para evitar una oposición más fuerte a la misma». La promotora infiere que Monfort «ha preferido no tocar los intereses de la oposición».
Proyectos e Inversiones Arenal, S. L., también asegura que el actual alcalde «ha tenido en cuenta quien era el propietario para incluirle o no en la suspensión, con independencia de los intereses de los ciudadanos de Xàbia».
Esta promotora también arremete contra Monfort por afirmar que «de motu propio» no anulará la paralización de permisos, que es una medida previa a la revisión del actual Plan General de Ordenación Urbana. «A pesar de ser el máximo responsable de una administración declara que sólo los tribunales le harán rectificar, obviando su obligación y la del ayuntamiento de resolver conforme a la ley los recursos interpuestos».
La suspensión de licencias se acordó en un pleno celebrado el pasado 22 de diciembre y afecta a 44 millones de metros cuadrados. Su vigencia es de un año, prorrogable a un segundo. Durante este plazo, el consistorio revisará el actual PGOU, vigente desde 1990 y que ya está muy desfasado.